Otra vez, los corredores

José Blandón Figueroa

Muchos recordarán las múltiples quejas, protestas y denuncias que se realizaron cuando el gobierno de Pérez Balladares decidió contratar con dos empresas de capital mexicano la construcción por vía de concesión administrativa de los corredores Norte y Sur. En ambos casos, fue evidente que en los respectivos contratos de concesión no se resguardaron debidamente los intereses públicos y se le dio demasiadas salvaguardas a PYCSA e ICA, a costa de los usuarios y del propio Estado panameño.

Lamentablemente, el ministro de Obras Públicas durante dicho Gobierno, Luis Blanco, poco antes de salir del cargo, suscribió addendas en beneficio de PYCSA, prorrogándoles el término (por cinco años, hasta el 2004) para culminar las obras que se había obligado a realizar. En tal sentido, mal mensaje envió el Presidente de la República cuando, al inicio de su gobierno, designó como altos asesores gubernamentales a Luis Blanco y Mario Conte, ministro y viceministro del MOP, respectivamente, al momento de suscribirse esos contratos de concesión y esas primeras addendas, contrarias al interés público.

Recién ahora se destapa el tamal y los panameños nos enteramos por dónde iba la cosa. Casi al mismo tiempo, se informa que el Gobierno planea hacer la extensión del Corredor Sur y continuar con una empresa brasileña la construcción de la autopista a Colón. Ambos anuncios dejan más interrogantes que respuestas y muchas, pero muchas dudas sobre la legalidad y transparencia de lo que planea hacer la administración Torrijos.

En el primer caso, se anuncia que la continuación del Corredor Sur se contratará con ICA, a pesar de que esta empresa tiene demandado al Estado panameño y que la misma se ha beneficiado excesivamente de la concesión que administra, gracias a la "generosa" cesión de costosos terrenos estatales a dicha empresa, lo que ha desatado una especulación inmobiliaria en Punta Pacífica que ha hecho ganar millones a los mexicanos y a unos cuantos favoritos del régimen. Lo transparente y más conveniente para el Estado es que se llame a una licitación pública, donde pueda participar ICA, si le interesa, pero en donde se otorgue la concesión a quien mejores condiciones ofrezca a la nación y a los usuarios.

En el caso de la autopista a Colón, la cosa es todavía peor. A mi juicio, el Estado tiene suficientes argumentos legales para revocar la concesión a PYCSA, por lo que permitir que la misma se mantenga administrando el Corredor Norte y, además, pueda terminar la extensión del mismo y encima, "ceder" a una tercera empresa para culminar la autopista es inadmisible, ética y jurídicamente. Para comenzar, que no se trata de dos concesiones distintas, sino de una sola, por lo que mal podría aceptarse una cesión parcial, cuando ha sido PYCSA precisamente quien más ha insistido a lo largo de los años en el "equilibrio financiero" de la concesión, indicando que se trata de un solo contrato.

Por otro lado, la empresa brasileña Odebrecht opera en el exterior, auxiliada por la banca de fomento estatal de Brasil que presta dinero a los estados para la realización de obras, condicionado a que se contrate a una empresa de dicho país. Esta compañía ha estado vinculada a escándalos de corrupción en varios países de América Latina, comenzando por el propio Brasil y se dice que fue la principal donante de la campaña presidencial de Lula da Silva. Si le sumamos a eso, el hecho de que dos altas funcionarias del Gobierno panameño viajaron recientemente a Brasil para conocer las instalaciones de Odebrecht y las condiciones de financiamiento de la banca de fomento brasileña, surgen dudas razonables sobre cómo se piensa construir lo que resta de la autopista.

Concluyo señalando que todo indica que la supuesta cesión de PYCSA no es más que una leguleyada para encubrir una contratación directa con Odebrecht, en términos distintos, puesto que sería el Estado panameño quien pagaría la obra, a través de más endeudamiento. Al igual que en el caso del Corredor Sur, lo correcto es convocar a una licitación pública y que gane quien ofrezca mejores condiciones para el interés público. Amanecerá y veremos… pero si las cosas siguen como van, este caso tiene suficientes ingredientes como para convertirse en un nuevo caso CEMIS. Lamentablemente para Colón…

El autor es diputado panameñista